Formar, incluir y profesionalizar: la responsabilidad jurídica detrás de la movilidad segura

Por Dra. Valeria Pardo

Abogada

Pardo & Pardo Asociados |

Secretaria de Fundación ISITRANS

En los últimos años, la discusión sobre la seguridad vial, la profesionalización del transporte y la inclusión laboral en sectores tradicionalmente masculinizados ha dejado de ser un tema periférico para convertirse en un eje estratégico del desarrollo sostenible. Desde ISITRANS, la institución que tengo el honor de acompañar como secretaria, hemos recorrido un camino que refleja esa transformación: pasamos de dictar cursos técnicos a construir verdaderas políticas de formación con impacto social, económico y normativo.

Como abogada y gestora de proyectos, mi perspectiva siempre se centra en el diseño institucional y normativo que hace posible esos procesos. Detrás de cada curso, de cada convenio o programa de becas, hay un trabajo jurídico invisible pero esencial: establecer marcos claros, definir responsabilidades, proteger derechos, garantizar estándares de calidad y asegurar que la capacitación profesional no sea un mero requisito formal, sino un instrumento real de seguridad pública y desarrollo sectorial.

La formación como política pública y obligación jurídica.

El transporte profesional por automotor no es una actividad cualquiera. Implica la conducción de vehículos de gran porte, el traslado de personas y mercancías, y una exposición constante al riesgo. Por eso, la Ley Nacional de Tránsito, su decreto reglamentario y las Disposiciones Conexas,  establecen que las licencias de conducir vehículos profesionales deben otorgarse con la debida capacitación y el correspondiente apto psicofísico acreditado.

Sin embargo, más allá del cumplimiento formal, la formación es también una herramienta jurídica de prevención. Capacitar no sólo mejora la competencia técnica de los conductores, sino que reduce la probabilidad de siniestros, disminuye los costos sociales y económicos de la inseguridad vial, y refuerza la responsabilidad civil y penal de los distintos actores involucrados.

Desde el punto de vista del Derecho, la capacitación continua constituye un deber de diligencia profesional, especialmente cuando se trata de actividades que pueden poner en riesgo bienes jurídicos tan esenciales como la vida, la integridad y el ambiente.

Primera Marcha: inclusión, formación y equidad real

En ese contexto nació Primera Marcha, la primera escuela de conducción profesional impulsada por ISITRANS, que tuvo su lanzamiento a través de un programa de becas destinado a más de 200 mujeres de todo el país.

No se trata sólo de enseñar a manejar un camión: se trata de abrir caminos donde históricamente hubo barreras. El proyecto combina formación técnica, acompañamiento  y entrenamiento práctico con simuladores y vehículos reales. Detrás del aula y la pista, existe una red de convenios, acuerdos normativos, seguros, registros y procedimientos administrativos que garantizan que cada participante reciba una capacitación segura, transparente y certificada.

Como jurista, valoro especialmente ese equilibrio entre visión humanista y rigor técnico. La inclusión no se logra por declaración, sino por diseño institucional: planificando, normando, controlando y midiendo resultados. Cada mujer que obtiene su licencia profesional no sólo conquista un derecho, sino que se inserta en un sistema que la reconoce como trabajadora calificada, con obligaciones y derechos claramente definidos.

Profesionalizar para fortalecer al sector

El transporte de cargas y pasajeros atraviesa hoy un momento de profunda transformación. La digitalización de los sistemas, la incorporación de nuevas tecnologías y la transición hacia modelos sostenibles exigen conductores formados, instituciones certificadas y marcos regulatorios sólidos.

Desde ISITRANS, trabajamos con más de 55 centros de formación distribuidos en distintas provincias, un sistema de simulación de conducción propio y una estructura académica homologada. Pero lo verdaderamente importante es que detrás de esa red existe un criterio jurídico y pedagógico común: profesionalizar para proteger.

El conocimiento técnico es la primera línea de defensa ante los riesgos operativos, y la capacitación, cuando se gestiona con transparencia, se convierte en una garantía para las empresas, para el Estado y para la sociedad.

El valor del Derecho en la gestión del cambio

La experiencia de ISITRANS y Primera Marcha me confirma que el Derecho puede y debe ser una herramienta de transformación, no un obstáculo. Cada normativa bien interpretada puede abrir oportunidades; cada contrato bien diseñado puede equilibrar relaciones asimétricas; cada política de formación bien implementada puede salvar vidas.

Como abogada, creo que nuestra tarea no termina en el litigio o el asesoramiento contractual. Comienza allí donde la ley se encuentra con la realidad: en el diseño de sistemas que promuevan el cumplimiento, la prevención y la equidad.



Hoy, después de años de trabajo en el sector, puedo afirmar que el verdadero profesionalismo se mide tanto por la capacidad técnica como por la responsabilidad social. Y que detrás de cada volante, cada curso, cada reglamento y cada acuerdo, hay una convicción jurídica que sostiene todo: la seguridad vial es un derecho colectivo y una obligación compartida.